La economía y la atrocidad: guerra en Colombia y Ruanda

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El conflicto armado interno en Colombia ha sido objeto de intenso estudio por académicos en esencialmente todos los aspectos posibles: estamos hablando de una de las guerras más largas del hemisferio occidental, durando casi 60 años. El genocidio de Ruanda, en 1994, no ha tenido ese tratamiento, a pesar de ser uno de los más atroces eventos acontecidos: conllevó el asesinato del 70% de la población de la tribu Tutsi. El presente trabajo pretende hacer un paralelismo, visto desde la historia económica, de las causas fundamentales, las consecuencias y los procesos de reconstrucción posconflicto de ambas naciones, considerando que la guerra civil en Ruanda terminó en 1995, mientras que el Acuerdo de paz con las FARC-EP en Colombia se firmó en el 2016. Así pues, se estudiará la historia antes y después de la terminación del conflicto en ambos países, identificando elementos comunes y diferenciadores para hacer un ejercicio de historia comparada para extraer aprendizajes mutuos para el posconflicto. A primera vista, una guerra prolongada de baja intensidad no parece tener muchas similitudes con una guerra civil de 5 años, pero la originalidad del artículo se encuentra precisamente allí. No se ha hecho una comparación similar hasta la fecha. Se encuentran tres factores fundamentales que causan un conflicto y cuyas soluciones entrelazadas pueden ser la receta para un posconflicto exitoso y un desarrollo económico: un Estado presente y eficiente (aunque no necesariamente democrático); un proceso de verdad y reconciliación nacional que restablezca los lazos de confianza y comerciales entre la población; y la remoción de ciertas barreras sistémicas que no permiten el desarrollo de ciertos grupos y, más bien, promueven el conflicto.

Introducción

La humanidad lleva un conflicto con ella dondequiera que vaya, y las atrocidades que ha cometido bajo una bandera o idea son tan extensas como las guerras que ha librado. Esta amplitud con la que se ha desdoblado el conflicto en el tiempo y el espacio ha producido una diversidad dada por la unicidad de cada pugna y sus participantes. Sin embargo, el elemento humano las une a todas ellas: el interés, la confianza, la imitación, el tribalismo, la reciprocidad y el altruismo son, entre otros, elementos básicos de nuestro comportamiento^[1]. Las culturas, mucho más localizadas, se construyen sobre estos componentes. Es posible, pues, llevar a cabo un paralelismo entre distintos conflictos con el fin de poder comprender sus causas fundamentales, sus devastadoras consecuencias y cómo prevenirlos.

En este contexto, el caso de Ruanda destaca entre sus pares. En 1994, la intensa guerra civil de ya 4 años llegó a su punto más álgido con el asesinato de entre 516 000 y 567 000 personas (en su gran mayoría de la etnia tutsi) en apenas 100 días: el genocidio de Ruanda^[2]. Este evento contribuiría, además, a la detonación de las Guerras del Congo, también conocidas como las Guerras Mundiales de África por su magnitud y cuyas secuelas vemos aún hoy en día en los conflictos de Kivu e Ituri. No obstante, su particularidad yace en los sucesos consecuentes: Ruanda es hoy vista como un completo éxito en materia económica y de desarrollo. De la mano del gobierno de Paul Kagame –varias veces acusado de violaciones a los derechos humanos^[3]– en menos de 30 años pasó de perder el 13% de su población a ser conocida como la Singapur de África.

Colombia, por otro lado, ha sufrido un conflicto de baja intensidad desde la década de los sesenta que ha dejado 262 167 muertos, de los cuales 215 005 eran civiles^[4]. Además, se cuentan otra miríada de atrocidades, con 1.982 masacres, 25 007 desapariciones, 27 023 secuestros, 1 574 violaciones y 4 151 casos de tortura hasta 2012^[5]. Las secuelas, como en el caso ruandés, son profundas y duraderas. Sin embargo, en 2016 se firmó el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto con las FARC-EP: un texto integral cubriendo todos los sectores sociales afectados por el conflicto, el cual ha tenido una implementación más bien regular^[6] que ha conllevado a un resurgimiento de la violencia. A pesar de todo lo anterior, el país ha logrado avances en su desarrollo económico y humano, incluso durante el conflicto. Hoy en día Colombia continua su proceso de reconstrucción política, social y económica.

Así pues, el presente trabajo pretende contrastar las causas en materia principalmente económica (fuertemente relacionada con el aspecto sociopolítico) de las guerras de ambos países, además de sus efectos y de intentar comprender los aciertos y fallas de cada uno en su proceso de reconstrucción como país para posibilitar un proceso de aprendizaje mutuo.

1. Economía y conflicto

Para comenzar a comprender los efectos del conflicto, la tragedia y la atrocidad en las relaciones económicas de una sociedad, Collier^[7] identifica tres consecuencias inmediatas que afectan directamente el crecimiento económico de: primero, la destrucción o fuga de capital nacional; segundo, la militarización que desvía los recursos normalmente utilizados en productividad hacia el sector de defensa y seguridad; y tercero, un mayor costo de transporte debido a los daños a la infraestructura física del país. Todo esto, claro, además del costo humano que disminuye el capital de trabajo (más difícil de recuperar) y deteriora el tejido social, menoscabando la confianza en las instituciones y en los grupos (étnicos, políticos, etc.) exteriores lo cual, a su vez, impacta negativamente las relaciones de intercambio entre ellos^[8].

No obstante, estas consecuencias solamente son aplicables en el caso de economías formalizadas, que no es el único caso que veremos en este trabajo. Por tanto, es necesario mencionar un modelo alternativo. En economías mixtas o con un alto grado de informalidad e ilegalidad, Schneider defiende que las actividades informales, ilegales o “grises” ven un crecimiento en presencia de la violencia a través de un amplio estudio de la economía informal varios países.^[9]

Estas consecuencias se deben analizar, entonces, en los casos puntuales concernientes a este trabajo.

1.1. Caso I: Ruanda La historia de lo que sucedió antes y durante aquellos fatídicos 100 días de 1994 en el país centroafricano aún no encuentra un consenso total, ni siquiera dentro de la academia. Es un debate aún muy vivo. Ahora, el presente texto trabajará sobre los hechos establecidos para intentar evitar imprecisiones y sesgos.

Figura 1. Tarjeta de identidad con etnia de la época belga.¹²

1.1.1. Tribus y división

Para comprender las relaciones económicas dentro de Ruanda es vital entender cómo se construye la sociedad ruandesa. Por lo general se menciona la existencia de dos tribus antagónicas: Bahutu y Batutsi, ignorando la existencia de la pequeña tribu Batwa (que representaba el 1% de la población; y además Reyntjens^[10] y Prunier^[11] nos indican que, incluso al final de la época precolonial, había una importante homogeneidad espacial, cultural y lingüística entre las tres tribus. Convivían juntas y eran normales las uniones entre personas de tribus distintas. Los orígenes exactos de esta división son inciertos, pero Vansina^[12] muestra su complejidad: se constituyeron gradualmente como roles políticos, económicos y militares; pero resultarían siendo indicadores de estatus al final del período precolonial⁸. Esto, entonces, se vería reflejado en la vida habitual como un antagonismo entre ambas tribus. De cierto modo, lo que comenzaron siendo tribus se configuraron como clases bien diferenciadas, siendo los Tutsi la clase más pequeña (siendo el 30% de la población) y privilegiada.

Durante la colonia belga, los Tutsi se afianzaron como esta clase dominante, aliada del mandato belga (vale aclarar que durante el previo protectorado alemán no hizo mayor cosa), mientras los Hutu ejercían el rol de mano de obra manual, y las divisiones se acentuaron con la introducción de un documento oficial de etnicidad^[13]. Así habría una resonancia con el ya presente antagonismo entre tribus debido a estas cuestiones de clase y poder. El subsecuente régimen Hutu de Juvénal Habyarimana (1973 – 1994), sumado a otros factores, llevaría a la escalada de violencia culminando en el genocidio de los Tutsi.

1.1.2. El torbellino de la crisis al genocidio

Para la década de los noventa la crisis se había agudizado en grandes proporciones. Sin embargo, no se ha hablado aún de la influencia de la situación económica en esto. No fue poca. Veamos, entonces, los indicadores de desarrollo económico de la época:

Indicador	Periodo	Crecimiento (%)
PIB	1961-90	3.54
PNB per cápita	1962-90	1.69
Industria	1966-90	3.97
Sector servicios	1966-90	6.56
Agricultura	1966-90	4.52
Exportaciones	1961-90	7.51
Urbanización	1961-90	5.47

Tabla 1. Elaboración propia con datos del Banco Mundial^[14]

Estos indicaban un buen rendimiento en el contexto africano de la época. Habyarimana, con la creación del partido único Mouvement Révolutionnaire National pour le Développment (MRND), intentó disminuir la importancia de la política para concentrar sus esfuerzos en su desarrollo económico^[15] con una visión supremamente agricultural, como lo mostró Verwimp^[16]. Así, a través de este sistema autoritario, en 1987 el nivel de ingresos de Ruanda (US$300) estaba más o menos al nivel del de China (US$310). No obstante, esto también vino al costo de haber triplicado la dependencia de ayuda extranjera con relación al PIB¹³; aun manteniendo una impecable imagen internacional del país frente a los organismos internacionales como el Banco Mundial de un gobierno que, a pesar de las dificultades de un país subdesarrollado, había logrado cambios a través de la adopción de las políticas indicadas^[17].

Gráfica 1. Precios del café 1975-1995. Nótese la caída progresiva desde 1977 y su colapso en 1986^[18].

Debido a su difícil posición geográfica (sin acceso al mar ni recursos naturales), Ruanda se había convertido extremadamente dependiente de las exportaciones de café, al punto de que su exportación conformaba el 82% de los ingresos nacionales en 1986^[19]: el colapso de los precios ese mismo año fue un golpe brutal para el país y, más que todo, para el régimen. La élite Hutu de las regiones septentrionales del país había acaparado la riqueza generada por el auge de los años anteriores, lo que llevó a una cadena de eventos cada vez más desafortunada.

Puesto que los ingresos del café (y el té) no se habían reinvertido en la tierra y se había implementado un régimen extremadamente agresivo de cultivo de café, la seguridad alimentaria de Ruanda estaba en entredicho: los cultivos cafeteros se estaban echando a perder y no existían otro tipo de plantaciones lo que, sumado a una importante sequía, generaron lo que hoy se conoce como la hambruna ruriganiza en 1989.

Una respuesta deficiente por parte del gobierno, en la que se guardó la reserva alimentaria para las regiones norteñas y uso militar (la ruriganiza afectó principalmente las provincias del sur, favorables a la guerrilla pro-Tutsi Frente Patriótico Ruandés – RPF) causó el desplazamiento de más de 10.000 refugiados y culminaría en el inicio de la guerra civil con la invasión del RPF en 1990^[20]. La radicalización de la población Tutsi a través de la propaganda de élites norteñas y grupos Hutu radicales con influencia considerable como los akazu (centrado alrededor de la primera dama) y los Interahamwe llevó entonces a una espiral de violencia que alcanzaría su punto álgido en abril de 1994 tras el asesinato de Habyarimana y el presidente de la vecina Burundi, Cyprien Ntaryamira. Aún hoy no es claro quiénes son los autores de este atentado.

1.2. Caso II: Colombia

En la otra mano, Colombia cuenta con la ventaja de poseer una literatura más amplia y datos más abundantes de lo sucedido en su largo conflicto. Así pues, para comprender la evolución de las relaciones económicas y de poder en la conflictuada sociedad colombiana es vital primero hacer un breve recuento histórico.

1.2.1. La cuestión de la tierra

La producción económica y las relaciones de poder en Colombia han estado históricamente ligadas con la tenencia y el trabajo de la tierra, un escenario que ha conservado su estructura desde, esencialmente, la época colonial.

Así pues, los orígenes del problema de la tierra se encuentran en la figura colonial de la encomienda. Según Tirado Mejía^[21], esta figura se pensó inicialmente con un fin netamente tributario: un grupo indígena obligado a pagar un tributo para la Corona a través de un español; no otorgaba ningún derecho o propiedad sobre la tierra que se trabajaba. Ahora, esto es lo que se encontraba en el papel. En la realidad, esta se terminó degenerando en el peonaje y el trabajo asalariado en grandes latifundios propiedad de las familias herederas de los encomenderos. Para efectos prácticos, entonces, la Independencia se configuró como una “transferencia de poder” de la Corona Española a las mismas élites criollas poseedoras de estas grandes extensiones de tierra, aunque no necesariamente con títulos legales. Siguiendo la abolición de la encomienda y, más tarde, del peonaje, se terminó consolidando el trabajo asalariado forzoso bajo latifundios y haciendas.

Durante la época Republicana se afianzó este proceso de acumulación de tierras y despojo a los colonos conservando la tendencia colonial y conformando lo que Antonio García llamó una república señorial^[22]. Los intentos de aplicar una reforma agraria fueron contados; todos fallidos o truncados por la inestabilidad política y la ausencia estatal. Políticas públicas tales como el mercado de tierras o la adjudicación de baldíos han fracasado en su propósito de redistribución y no resuelven las consecuencias del despojo^[23]. Los mecanismos específicos de apropiación no son relevantes para este trabajo; aunque sus efectos económicos y sociales sí.

Colombia consistentemente ha sido uno de los países más desiguales del mundo, si consideramos el coeficiente de Gini un buen indicador para medir esta situación. Sin embargo, cuando construimos un coeficiente similar para medir la concentración de tierras, los resultados son dramáticos:

Gráfica 2. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (Bank 2020) y (Pachón Ariza 2021).

Sin embargo, ¿qué significa esto en términos económicos? ¿y cómo influye esta situación en el origen del conflicto? Offstein y Hillón^[24] sintetizan los resultados de dos análisis separados:

“La existencia de inequidad en la propiedad afecta negativamente el crecimiento económico. La alta concentración de tierra impide acceso crédito inversión, limita formación de capital humano o impide la resolución de conflictos. Por otro lado, cuando existen mercados de crédito imperfectos, la desigualdad en la distribución de activos limita las oportunidades económicas de los hogares, disminuye la capacidad del hogar de invertir, lo cual está relacionado con menor cohesión social o estancamiento económico”^[25]

Esto, en términos prácticos, implica una palpable desigualdad social y precariedad en el campo. Fueron estas condiciones las que llevaron a la creación de las guerrillas de tendencia marxista; siendo una prueba de ello que el segundo punto mencionado en el Manifiesto de Simacota, el programa político fundacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN), trata precisamente de una “revolución agraria” redistributiva.^[26] No sobra mencionar que estos grupos insurgentes tenían, entonces, ciertas bases sociales populares sobre las que sustentaban su accionar.

1.2.2. Vacíos, guerrillas, paracos y narcos

Hay, además de la concentración de la tierra, otra constante histórica que influyó masivamente en la degeneración del conflicto armado: la ausencia estatal en las regiones. Esto generó una gigantesca expansión territorial de las guerrillas (y la subsecuente creación de los variados grupos paramilitares de derecha) y el surgimiento de algo que cambiaría las dinámicas sociales y del conflicto permanentemente: el narcotráfico. La complejidad de los efectos de los cultivos ilícitos se ha merecido una gran producción investigativa; razón por la cual debo aclarar que acá apenas rayo la superficie del tema.

El narcotráfico se configuró en Colombia como una masiva economía paralela fuera del control del Estado, cuyos efectos aún persisten en cada aspecto de la vida nacional. El tamaño de esta economía, según García, llegó a tener un valor equivalente al 1.3% del PIB.^[27]

Ese lucrativo negocio fue aprovechado no sólo por los carteles de narcotraficantes sino por las guerrillas y grupos paramilitares como fuentes de financiación, recrudeciendo así el conflicto entre ellas y con el Estado en las regiones productoras. Veamos:

Mapa 1. Áreas históricamente afectadas por el conflicto armado^[28].
Mapa 2. Cultivos de coca en 1994 y 2001^[29].

Los cultivos de marihuana y coca encontraron un escenario casi ideal: grandes extensiones de tierra fértil, condiciones favorables del mercado (el precio beneficiaba mucho al campesinado comparado con los cultivos legales), vías de distribución relativamente fáciles y un vacío de poder que podía llenar quien controlara el negocio. Estos factores llevaron a la proliferación del cultivo en todo el territorio, y los grupos interesados –traficantes, guerrillas y paramilitares– marcaron su presencia tras los cultivos. Adicionalmente, la apertura económica de 1990 permitió una mayor conexión con los mercados globales de droga en una efectiva globalización.

El auge de esta economía oculta significó entonces una jugosa fuente de ingresos a los grupos armados, lo que se traducía en una mejor y más abundante dotación armada y una subsecuente intensificación de las acciones armadas y, por tanto, el conflicto en general. Vale aclarar que, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, aunque los grupos insurgentes se financiaban de las ganancias del narcotráfico, nunca se consolidaron alianzas con los narcotraficantes; mientras que los grupos paramilitares sí tenían un contacto más estrecho al punto de coordinar la exportación del producto.^[30]

1.2.3. El peso de la violencia

Tomando todo lo anterior como base, la comprensión de la economía colombiana en tal conflicto es, cuanto menos, compleja. El desmedido nivel de desigualdad conlleva a la existencia de dinámicas económicas diferenciadas dependiendo de la región tratada; a pesar de haber visto ya dos elementos comunes (concentración de tierras y narcotráfico). Así pues, nos centraremos en un macroanálisis tras la apertura económica del gobierno de César Gaviria.

Mapa 3. Pobreza multidimensional en el 2018 con datos del (DANE 2018).

Como explica Mantilla^[31], dado que ya existía un conflicto intenso antes de la apertura, no tiene sentido responsabilizar a la liberalización económica de “crear” un nuevo conflicto. No obstante, aseguran, sí cambió las dinámicas de la guerra a través de tres puntos: la transición de una economía agraria a una extractivista, agregando otra fuente de financiación a grupos armados; la descentralización estatal que permitió que la lucha por el poder se trasladara al plano local; y la aceleración de la acumulación de tierras junto con la competencia desleal extranjera a la producción local.

Ahora bien, ¿esto qué significó en las economías locales? Villa, Restrepo y Moscoso, analizando datos de crecimiento económico departamental de 1988 a 2009, encontraron que

“El logaritmo del PIB departamental está asociado a una reducción del -0,04 y -0,36, respectivamente, con respecto a un incremento del 1 % en el conflicto armado (medido como la proporción del ingreso departamental que se pierde por ataques unilaterales de la guerrilla) y las actividades de apropiación ilegal de rentas del crimen organizado y grupos armados (medido como la proporción del ingreso departamental que se pierde por secuestros)”^[32]

Estos datos, entonces, no se contradicen con la tesis de Schneider^[33]: el crecimiento del PIB departamental viene de las actividades económicas bajo el marco institucional. El tamaño de la economía oculta, la del narcotráfico y minería ilegal, se correlaciona directamente con la intensidad de la violencia y de manera inversa con la producción económica legal. Dicho de otro modo: la expansión de economía del narcotráfico y la minería se retroalimentan con el conflicto local y ambos debilitan las actividades económicas legales. La economía colombiana no pudo crecer de acuerdo con su potencial.

1.3. Dos tragedias a 10.000Km de distancia

Una de las tesis más destacadas de (García Villegas, El país de las emociones tristes 2020) al analizar las dinámicas de la guerra en Colombia es la de la violencia como continuación naturalizada a la política. Cuando existe un disenso en lo fundamental, el colombiano toma las armas. En Ruanda la dinámica fue distinta: la violencia surgió a partir de una combinación de fundamentalismos étnicos, discriminación sistémica y crisis económicas y humanitarias. El resultado, sin embargo, no difiere mucho el uno del otro: una guerra degenerada donde el pueblo comete las peores barbaries contra él mismo sea por tribu étnica o tribu política.

Ahora, estos conflictos, a su vez, también difieren: uno fue una intensa guerra de casi un lustro; el otro fue asimétrico, de baja intensidad, pero completando casi 60 años. Pero sus consecuencias, de nuevo, se asemejan: ciudades destrozadas, cientos de miles de muertos, retraso o colapso económico, hambre, miseria, odios, un estado ausente…

Cuando intentamos hacer un paralelismo entre los conflictos de Ruanda y Colombia vamos a lo fundamental: un pueblo luchando por lo más básico contra unas desigualdades históricas, y cuyas divisiones fueron profundizadas por factores externos hasta el punto de llegar a la más pura violencia y caos. En el caso de Ruanda, reconocemos la desigualdad y la división Hutu–Tutsi profundizadas por una serie de gobiernos discriminatorios hacia ambas tribus y crisis humanitarias. En Colombia, evidenciamos la desigualdad en la riqueza y la tierra y, de ella, unas divisiones políticas profundizadas por el reemplazo del Estado por economías ilegales y actores armados.

Ahora, ¿cómo unir una sociedad fragmentada y herida? ¿cómo resolver estas desigualdades? Cada país llegó a su propia conclusión.

2. Reconstrucción

2.1. Caso I: Ruanda

2.1.1. Gobierno, desarrollo y democracia

La guerra civil culminó su peor momento el 15 de julio de 1994 con la toma del poder del FPR bajo el comando de Paul Kagame. El FPR ha gobernado el país desde entonces; el actual presidente Kagame lleva 22 años en el poder años a través de elecciones que observadores han calificado como “irregulares”^[34]. El gobierno ha sido criticado repetidas veces por organismos internacionales de ser represivo y autoritario. Tiene múltiples denuncias de violaciones de derechos humanos, incluso de disidentes en exilio^[35]. Sin embargo, este autoritarismo le ha permitido a Ruanda tener una amplia estabilidad política que ha asegurado la continuidad de los programas de desarrollo socioeconómico gubernamentales. El mismo Kagame se refiere al país como la “Singapur de África”, reconociendo el peculiar sistema de dicho país que combina una fuerte autocracia con un capitalismo de libre mercado y es reconocido por su desarrollo económico.

El modelo de desarrollo de Ruanda ha sido descrito como de patrimonialismo desarrollista, término acuñado por el Programa de Poder y Política en África que refiere a un patrón donde la élite gobernante de un país centraliza las rentas económicas con el objetivo de maximizar las ganancias en el largo plazo, en vez de buscar un beneficio inmediato^[36]. Veremos más adelante cuáles han sido sus resultados.

2.1.2. El tejido social: Gacaca

Un evento tan traumático como lo fue el genocidio ruandés deja heridas profundas y duraderas. Conociendo ya la homogeneidad socioespacial entre tribus, la línea entre perpetrador y víctima se hizo borrosa: tus propios vecinos podrían ser tus verdugos. El caos tan puro que se vivió en esos 100 días hace imposible saber quién mató a quién. Este es uno de los efectos de la guerra que mencionó Collier^[37]: ¿luego de tal matanza, en quién se puede confiar? Consecuentemente las relaciones comerciales se complicaron en el tiempo inmediato al genocidio. Entre 1,5 y 2 millones de Hutus, temiendo una retaliación por parte del gobierno Tutsi del FPR, huyeron principalmente al Zaire (hoy República Democrática del Congo) y otros países cercanos^[38]; algunos formando milicias en exilio. Aún hay un estimado de 270.000 ruandeses refugiados en otros países^[39].

La reconstrucción del tejido social ha sido un elemento central para la recuperación socioeconómica de Ruanda. Al igual que en la guerra de Yugoslavia o la Segunda Guerra Mundial, se estableció un tribunal internacional para perseguir a los principales responsables del genocidio. Sin embargo, las condenas de Ferdinand Nahimana o Agathe Habyarimana, algunos de los cerebros detrás de la matanza, no ayudan en nada a un carnicero del remoto pueblo de Musebeya cuya esposa fue asesinada por un agricultor. Apenas superando un colapso nacional, la justicia no podía venir del Estado central. Ni de un tribunal en Arusha, Tanzania. La justicia fue local: se restablecieron los tradicionales tribunales comunitarios Gacaca, cuya idea central es el reconocimiento, la verdad, el arrepentimiento y la reconciliación^[40]. Los tribunales Gacaca cesaron su funcionamiento en junio de 2012 con resultados satisfactorios en su labor de reconstruir el tejido social^[41].

Ahora bien, este punto no está exento de críticas. Organizaciones como Human Rights Watch han señalado que estas cortes han cometido errores judiciales (los involucrados no tenían necesariamente ninguna formación judicial) o se utilizaron irregularmente para decidir asuntos personales. Adicionalmente, se ha señalado que los crímenes juzgados allí y en los tribunales nacionales convencionales no han incluido personas pertenecientes al FPR, a pesar de existir señalamientos en contra de la otrora guerrilla^[42].

2.1.3. Visión Ruanda 2020

En julio del 2000, el gobierno de Ruanda lanzó el programa Visión 2020, estableciendo una hoja de ruta para que, en ese año, el país se convirtiera en uno de medianos ingresos. El plan se estructuró alrededor de 6 pilares fundamentales:

1. Buena gobernanza y un estado capaz
2. Economía del conocimiento y desarrollo de recurso humano
3. Desarrollo del sector privado
4. Desarrollo de infraestructura
5. Agricultura productiva y de alto valor orientada al mercado
6. Integración regional e internacional

Nótese que todos estos puntos tratan de un desarrollo principalmente económico basado en la fortaleza del gobierno; el proceso de reconciliación tras el genocidio se llevó a cabo en un programa completamente independiente y descrito en la sección anterior.

El documento estableció 47 indicadores para monitorear el progreso del plan, los cuales fueron revisados por el gobierno en el 2012. Estos indicadores no están organizados por pilares. Sin embargo, no existió un reporte oficial de sus resultados antes de lanzar el nuevo programa Visión 2050. Tampoco se encontró una investigación externa independiente y actualizada. Por tanto, se hará una revisión del cumplimiento del programa basado en los indicadores revisados en el 2012 hasta el 2019 (por cuenta de la pandemia de COVID–19):

Indicador	Valor 2000	Objetivo 2000	Objetivo 2012	Valor 2019	Progreso
Crecimiento PIB promedio (%)	6.2	8	11.5	7.75	Acorde al 2000
Crecimiento sector agrario (%)	9	6	8.5	5.44	Acorde al 2000
Crecimiento sector industria (%)	7	12	14	8.85	Avance menor
Crecimiento sector servicios (%)	7	11	13.5	8.79	Avance menor
Crédito doméstico al sector privado (% PIB)	–	–	30	21.44	Sin alcanzar
Ahorro nacional bruto (% PIB)	1	6	20	12.97	Mediano avance entre 2000 y 2012
Inversión nacional bruta (% PIB)	18	30	30	21.6 (2017)	Poco avance
Balance comercial bienes y servicios (% PIB)	–	–	-3	-14.3	Sin alcanzar
PIB per cápita (US$)	220	900	1240	820	Avance menor al objetivo 2000
% adultos con servicios financieros	–	–	90	89[43]	Alcanzado
% transacciones electrónicas	–	–	75	16.1[44] (Rwangombwa 2016)	Sin alcanzar
Comercio internacional (% PIB)	–	–	60	39.9 (2017)	Sin alcanzar
Crecimiento de exportaciones 2012-2020	–	–	28	21.1 (2015)	Alcance aceptable
Población agraria	90	50	50	70[45] (2015)	Avance menor
Producción agraria (kcal/día/persona)	1612	2200	2600	2500[46] (2015)	Alcanzado
Puntaje consumo de comida (Poor FCS)	–	–	0	71[47] (2015)	Muy poco avance
% operaciones agrarias mecanizadas	–	–	40	18[48]	Menor
% área protegida	–	–	10.3	9.11	Avance aceptable
% cobertura forestal	–	–	30	11.14	Poco avance
% carreteras en buen estado	–	–	85	73[49]	Avance aceptable
Acceso a la electricidad (% de población)	2	35	75	37.78	Acorde al 2000
% hogares usando madera combustible	94	50	50	69 (2017)	Sin alcanzar
Usuarios de internet /100 personas	–	–	50	29	Sin alcanzar
Suscripción móvil /100 personas	–	–	–	76.49	¿?
Pobreza monetaria (%)	60.4	30	20	38.2 (2016)	Avance menor
Coeficiente de Gini	0.454	0.350	0.350	0.437 (2016)	Sin avance
Acceso a instalaciones higiénicas (% población)	20	60	100	68.85	Acorde al 2000
Acceso a agua limpia (% población)	52	100	100	60.38	Avance menor
Expectativa de vida	49	55	66	69	Alcanzado y superado
Tasa de crecimiento poblacional	2.9	2.2	2.2	2.6	Avance incompleto
Tasa de fertilidad	5.8	4.6	3	3.99	Avance entre 200 y 2012
Población urbana	10	30	35	17.313	Poco avance
Mortalidad infantil /1000	107	50	27	31.1	Avance considerable
Mortalidad materna /1000	1071	406	200	248 (2017)	Avance considerable
Desnutrición infantil crónica	–	–	15	38[50] (2017)	Sin alcanzar
Mortalidad por casos de malaria (%)	51	25	5	4.9	Alcanzado y superado
Doctores /10.000 habitantes	1.5	10	10	5.5	Sin alcanzar
Enfermeros /10.000 habitantes	1.6	20	100	9,4	Sin alcanzar
Tasa alfabetismo (%)	48	100	100	73.2	Avance incompleto
Tasa de inscripción primaria escolar bruta (%)	–	100	100	131.3	Alcanzado y superado
Tasa de inscripción escolar secundaria bruta (%)	7	60	98	44.32	Avance incompleto
Razón estudiante–profesor de primaria	–	–	40–1	59.5–1	Sin alcanzar
Tasa de inscripción educacional superior (%)	1	6	65	6.23	Acorde al 2000
Puesto en el índice de percepción de corrupción	–	–	°10	52[51]	Muy lejos de alcanzar
Índice del imperio de la ley (%)	–	–	80	61[52]	Sin alcanzar

Tabla 2. Revisión del cumplimiento de los objetivos del programa Visión 2020^[53][54]. Datos del Banco Mundial^[55] a menos de que se indique lo contrario

2.1.4. Resultados y controversias

A pesar de que sólo alrededor de la mitad de los indicadores del programa Visión 2020 alcanzaron sus objetivos o hicieron progresos considerables, puede parecer extraña la fama que ha tomado Ruanda como ejemplo de desarrollo. Esto se debe a dos razones: uno, los objetivos del plan eran, a menudo, demasiado ambiciosos (especialmente tras la revisión de 2012); y dos, estos avances también se deben ver con relación a la región: en este caso, la de los Grandes Lagos.

Gráficas 3 y 4. PIB per cápita^[56] e Índice de Desarrollo Humano en la región de los Grandes Lagos^[57].

Gráficas 5 y 6. Expectativa de vida^[58] e índice de pobreza en la región de los Grandes Lagos^[59]

Ruanda tuvo entonces, sin lugar a duda, un crecimiento y desarrollo más acelerados que sus vecinos. Y es acá cuando entra en juego el papel del desarrollismo patrimonialista: (Booth y Golooba-Mutebi 2012) encontraron un patrón claro de este modelo a través de distintas empresas y consorcios de inversión operados completamente por el Estado, lo que implica una administración centralizada de las rentas desde el sector público, elemento clave del desarrollismo patrimonialista. Tales ganancias, entonces, se ven invertidas en la construcción de capital para el desarrollo acelerado de un capitalismo. No obstante, Ruanda tiene un elemento que la separa de los modelos previos en Costa de Marfil o Malawi: en estas dos, las rentas se distribuyen entre sectores claves de la clase dominante para mantener el poder. En el caso ruandés, el FPR invierte estas ganancias en los bienes públicos para mantener un amplio apoyo popular.

La idea clave que ha dirigido la política del RPF, dicen Booth y Golooba, es que “el desarrollo económico y social –respaldado por la provisión adecuada de bienes públicos esenciales por parte del estado– es la única ruta factible para superar las divisiones étnicas y los conflictos violentos del pasado”. De este modo, por ejemplo, la corrupción se ha vuelto innecesaria: el régimen tiene sus propias empresas privadas para autofinanciar sus campañas. No obstante, se hace un gran sacrificio en términos democráticos: las elecciones no son libres, el gobierno tiene poder casi absoluto y la libertad de expresión es fuertemente reprimida^[60].

Este modelo, junto con el singapurense, se pueden dar la libertad de cuestionar la eficiencia de la democracia occidental. Sus avances en términos económicos y de desarrollo no se ven como menos de “milagros” en ojos occidentales. Sin embargo, también es cuestionable la concentración del poder en un solo partido pues permite más fácilmente el abuso de poder.

2.2. Caso II: Colombia

2.2.1. Un café en La Habana

La presidencia de Álvaro Uribe –de 2002 a 2010– es, cuanto menos, polémica. Tuvo grandes logros en términos de desempleo, inversión, seguridad y rendimiento económico; mas también tiene numerosas críticas en cuanto a violaciones a los derechos humanos (como las ejecuciones extrajudiciales, famosos “falsos positivos”), corrupción y paramilitarismo. Sin embargo, algo es innegable: su política de “mano dura” de Seguridad Democrática fue extremadamente efectiva en el conflicto con las guerrillas, reversando las ganancias territoriales y de poder que estas habían conseguido las dos décadas anteriores. Este fue un factor clave para que las ahora extintas FARC accedieran a una salida negociada: la toma del poder por medios armados se había vuelto inviable (Santos 2019).

Así pues, de 2012 a 2016 las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos negociaron y redactaron el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, destacado internacionalmente por su foco en las víctimas y justicia transicional, además de la inclusión de temas de etnias, género y territorio (Benavides y Borda Guzmán 2019). Santos decidió ratificar el Acuerdo a través de un plebiscito. Dada la intensa polarización política del momento, la férrea oposición que puso el popular Uribe y una ingeniosa estrategia publicitaria (basada en desinformación (El País 2016)), una pequeña diferencia de apenas el 0.42% de los votos inclinó la balanza hacia el rechazo del texto. Un nuevo texto modificado con las objeciones de los representantes del “No” fue firmado y ratificado a través del Congreso.

Mapa 4. Votación en el plebiscito para la paz de 2016^[61]

Adicionalmente, creo importante destacar quiénes votaron por qué. Si se compara con los mapas anteriores, se puede notar un patrón de división dentro de Colombia: las regiones más azotadas por el conflicto y el narcotráfico, las más pobres, fueron en las que predominó el “Sí”; mientras que las regiones centrales, más ricas y con una menor afectación del conflicto, se inclinaron por rechazar el Acuerdo. Este en un patrón que se ha repetido en diversas ocasiones, y da cuenta de la gigantesca desigualdad que azota a la sociedad colombiana.

2.2.2. Justicia, tierra y paz

El Acuerdo Final se fundó también en 6 pilares fundamentales^[62]:

1. Reforma rural integral
2. Participación y democracia
3. Fin del conflicto
4. Solución al problema de drogas ilícitas
5. Víctimas: justicia y reparación
6. Implementación, verificación y refrendación

Cada uno de los elementos listados es lo suficientemente complejo como para merecer una investigación independiente, por lo que sólo se describirán superficialmente algunos de ellos.

El fin de la guerra va de la mano con la no repetición de la violencia vivida. Es decir, es imperativo romper el ciclo de retaliaciones y venganzas mutuas. La justicia transicional se encarga precisamente este asunto a través del esclarecimiento de la verdad para las víctimas, su reparación en un tribunal transicional y la garantía de no repetición. Este esfuerzo por acabar el ciclo de venganzas también implica dejar de ver la “violencia como la continuación de la política”, en palabras de García Villegas. La participación política, uno de los reclamos históricos de las guerrillas, es fundamental para este fin.

Por otro lado, el documento hace una ambiciosa propuesta de reforma rural en un país donde no ha habido una reforma agraria redistributiva exitosa. Este es otro de los reclamos históricos de los grupos armados, como lo vimos en el Manifiesto de Simacota. Esta reforma va de la mano con la solución al problema del narcotráfico: cómo reemplazar los cultivos de coca por otras especies legales; un problema asociado a la tenencia de la tierra, la rentabilidad de los cultivos y las condiciones de infraestructura, estabilidad económica y paz.

El problema de la tierra, la violencia y el narcotráfico: los tres factores principales cuyos negativos efectos económicos estudiamos en una sección anterior. El Acuerdo no sólo está encaminado a la reconciliación social sino al desarrollo económico a largo plazo intentando resolver problemas históricos.

2.2.3. Del papel a la tierra

Ahora, llevar las palabras del papel a la práctica es un mundo aparte. Diversas organizaciones han hecho seguimiento al cumplimiento de los 578 objetivos del Acuerdo; de ellas, el Instituto Kroc destaca como la más completa de ellas. Todos los valores están como porcentajes del total de objetivos. Veamos:

Punto	No iniciado	Estado mínimo	Estado intermedio	Completo
Reforma rural	14	67	14	4
Participación política	28	45	14	14
Fin del conflicto	11	19	20	49
Drogas ilícitas	9	42	27	21
Víctimas	16	33	24	27

Tabla 3. Avances de la implementación del Acuerdo.
Elaboración propia con datos del Instituto Kroc^[63]

Según el mismo Instituto, los primeros cinco años de un acuerdo de paz son fundamentales pues “cimentan los procesos de construcción de paz para que durante el siguiente lustro se logren realizar de manera duradera las transformaciones de mayor envergadura pactadas por las partes signatarias”. Así pues, también resalta que, a pesar de que su implementación no se ha detenido, ha tenido que afrontar grandes obstáculos y lleva un ritmo menor al previsto, por lo que le tomaría más de los 15 años previstos en completarse.

Esto se evidencia en el día a día del país, con el masivo repunte que ha tenido en términos de violencia: las FARC dejaron un vacío de poder que el Estado no pudo llenar y ahora está disputando con las disidencias, el ELN y los paramilitares. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)^[64], hay un total de 6 conflictos armados simultáneos en Colombia. El índice de Gini no ha tenido cambios considerables, pues la reforma rural ha encontrado una miríada de obstáculos en su implementación. Y además de todo, la pandemia de Sars-Cov-2 paralizó una gran parte de los procesos de implementación.

2.3. Reconstruyendo un país roto

Las estrategias de reconstrucción social, política y económica de Colombia y Ruanda difieren desde su concepción, pero abordan problemas similares. Veamos:

La prioridad en ambos casos estuvo en la reconstrucción del tejido social a través de tribunales especiales basados en la búsqueda de la verdad y la reintegración de los victimarios a la vida social. No obstante, Ruanda no tenía la capacidad jurídica para procesar tantos casos, así que utilizó un sistema de justicia tradicional, los tribunales gacaca. Estos, junto con una estrategia de desarrollo económico y de construcción de identidad nacional, tuvieron un buen desempeño; salvo denuncias de irregularidades dadas por la informalidad del sistema. Colombia, por su parte, creó una serie de organismos centrales para el esclarecimiento de la verdad y la administración justicia a través de un tribunal transicional especial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); estos, centralizados, han encontrado obstáculos para llevar a cabo su tarea a tiempo.

De la mano va la construcción del estado en los distinto escenarios nacionales. Esta es la fuente de mayores cuestionamientos al estado ruandés pues se ha convertido en una autocracia (con serias acusaciones de violaciones de derechos humanos), pero una tan eficiente que es extremadamente popular con el pueblo: la versión ruandesa del patrimonio desarrollista. El FPR ha construido una incuestionable identidad ruandesa común a través del desarrollo económico para dejar atrás las viejas tribus. La construcción de estado colombiana, por su parte, es algo diferente: lo que necesita es llegar eficientemente a cada rincón de la accidentada geografía para romper el círculo vicioso de la violencia y el narcotráfico. Y en esto, la democracia colombiana muestra su ineficiencia en comparación con la autocracia: la inestabilidad política y extendida corrupción evitan una presencia estatal efectiva.

Ahora, la solución de las desigualdades históricas: Ruanda busca eliminar las etiquetas de Hutu, Tutsi y Twa procurando un nivel de desarrollo similar igual para todos… excepto el mismo FPR, una guerrilla originalmente Tutsi. Cubre una vieja desigualdad y la reemplaza por una moderna, basada en las clases; pero la mejora en la calidad de vida que han sentido los ruandeses hace que, para ellos, no importe: un modelo muy similar al de Singapur. Colombia busca resolver la concentración histórica de la riqueza y la tierra a través de reformas redistributivas. Aquí, de nuevo, florece la ineficiencia del estado.

Conclusiones

Colombia y Ruanda han pasado por dos crisis que, a primera vista, son muy distintas: su duración, sus contrincantes, sus condiciones y sus motivos parecen ser dos mundos separados. Sin embargo, podemos encontrar una esencia en común, y a partir de ahí intentar hacer un aprendizaje mutuo para el posconflicto y el desarrollo económico de cada uno.

El Estado, parte crucial para la construcción de una nación moderna, se cuestiona mutuamente en esta coyuntura. En el corto plazo, para responder a una crisis, es necesario tomar decisiones eficaces y ágiles; mientras que en situaciones normales este exceso en la concentración del poder llega a ser dañino, al menos en la concepción democrática. Ruanda tomó la senda del hombre fuerte, del héroe nacional, de manera muy exitosa para su recuperación, ¿pero cuánto tiempo podrá mantener la estabilidad? ¿qué sucederá cuando Paul Kagame muera? Colombia, por su lado, llega a sufrir de una excesiva burocracia. Somos un país de leyes, mas no de acciones, tomando prestada la idea de García Villegas^[65]: creamos una alta consejería para cada tema posible pero su eficacia es bastante cuestionable. La pregunta es, entonces, ¿cómo hacer del Estado un ente eficiente sin caer en la autocracia? La respuesta mora en algún punto intermedio. Y un Estado eficiente y bien administrado es capaz de promover un desarrollo económico y humano sano, superando las barreras históricas de los pueblos.

Por otro lado, también tenemos la coyuntura de sanar y unir una sociedad herida y fragmentada: fragmentada por unas tribus o por unos partidos. Ruanda necesitó crear su identidad nacional, un lugar donde quepan Hutus, Tutsis y Twas por igual: al final son lo mismo, sólo hay que hacer que la gente se dé cuenta. Colombia tiene una tarea similar, aunque de proporciones temporales mayores: en 60 años las personas mueren, la tinta se borra y los nombres se olvidan. Pero comprobada la tesis de Schindler, sabemos que es sumamente necesario un proceso de reconciliación poblacional para poder establecer una mayor confianza mutua y, por lo tanto, unas relaciones económicas más fuertes.

Finalmente, la raíz de los conflictos, una de esas cosas que no permiten a los países despegar en su desarrollo, es la cuestión de las barreras sistémicas. En Ruanda, la barrera que se está superando es la de la fragmentación tribal y su derivación en la violencia; al mismo tiempo que se está gestando otra basada en las clases sociales y riqueza. En Colombia, la barrera viene de la inequidad en cuanto a riqueza, íntimamente ligada a la tierra en un país tradicionalmente agricultor. La superación de esta barrera es la que permitirá que Colombia eventualmente logre desarrollar todo su potencial.

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